La fiscala Mariana Rivadeneira investiga la posible existencia de una red de empleados infieles que se habría dedicado al robo de combustible perteneciente al municipio de Alderetes. Por el caso, ya fueron procesadas siete personas.

Según la acusación realizada por el auxiliar Federico Lizárraga, siguiendo las instrucciones de Rivadeneira, los acusados cumplían funciones vinculadas a la conducción de camiones que realizaban la recolección de residuos en esa localidad del este tucumano.

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“Previo acuerdo de voluntades y mediante sucesivas intervenciones, aprovechándose de la disponibilidad material que, por el trabajo que cumplían, tenían sobre dichos vehículos y sobre el combustible perteneciente al patrimonio municipal destinado a su funcionamiento, sustrajeron en reiteradas oportunidades combustible de los tanques de camiones recolectores de residuos, apartándolo de la esfera de custodia de la Administración Municipal y de la finalidad pública a la cual se encontraba destinado”, precisó el representante del MPF, quien pidió que los siete sospechosos sean acusados de peculado. Este delito contemplan penas de dos a 10 años, inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos y multas económicas.

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Camiones desviados

El representante del Ministerio Público añadió: “Para concretar dicha maniobra, durante el desarrollo del servicio, los camiones eran desviados del recorrido y detenidos en inmediaciones del domicilio de un sujeto apodado ‘Piluca’, ubicado en el barrio 40 Viviendas de esa ciudad, donde se procedía a extraer combustible de los respectivos tanques para colocarlo en bidones y otros recipientes”. “Con su accionar no sólo generaron un daño al erario público, sino que además provocaban inconvenientes en el normal desempeño de la recolección de residuos de esa ciudad”, añadió Lizárraga durante la audiencia de formulación de cargos.

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La conducta reprochada a los imputados se desarrolló entre el 10 y el 15 de abril, pero no se descarta que la maniobra se haya extendido durante más tiempo. De los siete acusados, seis dejaron de pertenecer a la planta de empleados, mientras que el restante sigue trabajando en el municipio. Los investigadores sostienen que deben realizar varias medidas para establecer si hay más personas involucradas.

Lizárraga solicitó que los acusados continúen el proceso en libertad, pero sujetos al cumplimiento de ciertas reglas de conducta. El planteo fue aceptado por la jueza interviniente.